* La violencia, el crimen organizado y el descontrol del gobierno.
José María Pío
Tijuana, B. C.- 29/10/2024
La presidente Claudia Sheinbaum asegura que seguirá “construyendo la paz atendiendo las causas con cero impunidad”, a pesar de las propuestas de diálogo con el crimen, pero su discurso suena cada vez más hueco en un contexto donde la violencia generalizada asfixia a la ciudadanía.
Las cifras de homicidios siguen en aumento, y la reciente propuesta de Manuel Espino Barrientos, diputado federal de MORENA, para crear una “Comisión Nacional de Pacificación y Reconciliación Nacional” destinada a dialogar con el crimen organizado es, en el mejor de los casos, un absurdo y, en el peor, una traición a los principios de seguridad y justicia que el gobierno debería defender.
Es difícil entender cómo se espera “dialogar” con organizaciones que no sólo han sembrado terror y muerte en México, sino que operan con una lógica de poder y dinero totalmente ajena a cualquier intención de paz y reconciliación.
Dialogar con el crimen organizado es como pedirle a un lobo hambriento que guarde una granja de ovejas. Desde cualquier ángulo, esta idea no es más que una salida errónea que no hará sino legitimar a aquellos que han convertido al país en un campo de batalla.
En este contexto, quien realmente paga las consecuencias de esta propuesta es la ciudadanía, que ya sufre los estragos de una inseguridad desbordada y que parece ver alejarse cualquier posibilidad de vivir en paz.
La administración de Claudia Sheinbaum, al igual que la de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, prometió abordar las raíces de la violencia, pero hasta ahora los resultados han sido desalentadores.
Durante el sexenio de López Obrador, el discurso de “amor y paz” se convirtió en un símbolo de una estrategia fallida que no logró frenar la violencia ni disminuir el poder del crimen organizado.
El país es testigo de actos de narco-terrorismo, ejecuciones masivas y, recientemente, enfrentamientos en Guerrero en los que incluso están involucrados criminales extranjeros.
El caso de la batalla entre el Cártel Gente Nueva de Guerrero y otra organización, el pasado 24 de octubre, que dejó 19 muertos y expuso la participación de salvadoreños y guatemaltecos en el crimen organizado, es una muestra de la complejidad del problema.
Y no es sólo Guerrero. En el fin de semana pasado, tres municipios en Sinaloa (Culiacán, Mazatlán y Navolato) registraron 25 asesinatos en apenas 48 horas.
La violencia se multiplica y, frente a este caos, el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha sido incapaz de presentar un plan efectivo que inspire confianza en la ciudadanía.
A pesar del respaldo de Sheinbaum, su estrategia de seguridad se muestra cada vez más cuestionada, y sus declaraciones parecen ignorar la gravedad de la situación. No se ve un combate decidido al crimen organizado; más bien, se observa una administración que se desmorona en términos de seguridad pública.
Además, el intervencionismo extranjero para capturar capos mexicanos sigue siendo una práctica alarmante. Mientras las autoridades estadounidenses realizan operaciones que buscan minar el poder de los cárteles en México, la soberanía nacional se ve comprometida, y el gobierno mexicano se muestra incapaz de asumir la responsabilidad en el combate directo contra el crimen organizado.
Esta situación revela una falta de control sobre el territorio y sobre el poder de los cárteles, lo cual refuerza la percepción de que el gobierno mexicano está perdiendo terreno frente a estos grupos.
A nivel global, la propuesta de dialogar con el crimen organizado resulta inaceptable e incomprensible. En otras naciones, los acuerdos con mafias o grupos armados han tenido como consecuencia el fortalecimiento de estos grupos y la consolidación de su poder en la sociedad.
En Colombia, por ejemplo, aunque se han alcanzado algunos acuerdos con las FARC, el narcotráfico y los grupos armados siguen siendo una amenaza persistente. México, al intentar implementar algo similar, corre el riesgo de entrar en un ciclo interminable de concesiones que legitimen a las organizaciones criminales.
La paz en México no se construye otorgando poder de negociación a los criminales. Si bien es cierto que abordar las causas de la violencia es esencial, también es necesario aplicar la ley con firmeza y garantizar la justicia. De lo contrario, el mensaje que se envía es que el crimen puede prosperar sin consecuencias.
La falta de un liderazgo decidido y de una estrategia clara y coherente sólo alimenta la impunidad y alienta a los criminales a actuar sin miedo a represalias.
En última instancia, el problema de la violencia en México requiere de una visión integral que incluya no sólo políticas de prevención, sino también una acción firme y decidida contra aquellos que han convertido al país en un lugar peligroso para vivir.
El agua está llegando al cuello, y es hora de que el gobierno se tome en serio su responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los mexicanos.
Dice Claudia Sheibaum “no vamos a regresar a lo de antes”, pero estamos yendo a un estado peor.
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