Ricardo Cano Castro
Baja California atraviesa una crisis de seguridad que cobra nuevas dimensiones y profundiza la preocupación social.
A la violencia cada vez más brutal del crimen organizado, que ha perfeccionado métodos atroces para infundir terror, se suma una crisis menos visible pero igualmente perturbadora: la violencia ejercida desde el Estado y la sociedad contra las mujeres, particularmente aquellas que atraviesan el proceso de embarazo.
En este contexto, el Estado ha adoptado decisiones legislativas y políticas que, bajo una retórica de progresismo, terminan afectando gravemente a las mujeres y a las vidas por nacer.
La situación de seguridad en Baja California es crítica. Los homicidios no solo han aumentado en número, sino que han evolucionado en crueldad, como si se buscara rebasar cada día los límites de la barbarie.
La violencia que permea en la entidad no es exclusiva de las balas y las desapariciones forzadas. Baja California enfrenta otra forma de violencia, una que no se registra en las cifras oficiales de la misma manera, pero que afecta profundamente la dignidad de las personas.
La violencia durante el embarazo es una de las manifestaciones más crudas de esta crisis. Se define como “violencia o amenazas de violencia física, sexual o psicológica/emocional ocasionadas a la mujer embarazada”, y es una problemática que, en muchos casos, es ignorada o minimizada.
Según estudios médicos y sociales, esta forma de violencia representa una complicación del embarazo más frecuente que la hipertensión, la diabetes o cualquier otra complicación seria. Sin embargo, su atención ha sido relegada a un segundo plano, invisibilizando a las mujeres que la sufren y a los efectos devastadores que conlleva para ellas y para sus hijos.
Lo que agrava aún más este fenómeno es que, a diferencia del maltrato infantil, en el que se ha avanzado en su detección y en la activación de medidas de protección, el abuso fetal sigue siendo un terreno inexplorado.
Se trata de una violencia que amenaza dos vidas, y que, en lugar de ser abordada con la seriedad que merece, es tratada como un fenómeno marginal.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
En este contexto, las decisiones legislativas referentes a la vida por nacer en Baja California han generado controversia y un profundo descontento social. La aprobación de la legalización del aborto, promovida bajo la presión de grupos de interés y el financiamiento de magnates que influyen en el panorama político, ha sido vista por muchos sectores como una forma de violencia institucional.
Lejos de representar un avance en los derechos de las mujeres, estas reformas son percibidas como una imposición desde el poder, que atenta contra el vínculo materno-filial y desvaloriza la maternidad como experiencia fundamental.
La tanatología, disciplina que estudia la muerte y el duelo, ha advertido sobre las consecuencias emocionales y psicológicas que implica la interrupción del embarazo, tanto de forma consciente como inconsciente.
Sin embargo, la narrativa que se ha construido alrededor del aborto en Baja California niega o minimiza estas realidades, reduciendo el debate a una cuestión de derechos reproductivos sin considerar el impacto profundo que tiene en la vida de las mujeres.
El partido de MORENA en el poder, en su intento por consolidar una política progresista, ha favorecido un enfoque que promueve la libertad de elección pero que, en la práctica, ha dejado a muchas mujeres en una situación de desamparo y vulnerabilidad referente a la maternidad.
COMBINACIÓN DE VIOLENCIAS
Las políticas de “abrazos, no balazos” han demostrado ser nula e insuficientes para contener la violencia del crimen organizado, y la agenda en torno a los derechos reproductivos ha sido utilizada como un símbolo ideológico más que como una herramienta real de protección y bienestar para la ciudadanía.
La violencia contra las mujeres, en lugar de ser combatida integralmente, se ha transformado en una herramienta política que instrumentaliza sus cuerpos y sus experiencias para cumplir con una agenda internacional.
El resultado de esta combinación de violencia criminal e institucional es un estado donde la vida, en todas sus formas, se ve amenazada. Baja California, como muchas otras entidades del país, enfrenta una realidad dolorosa: la de un territorio donde las promesas de protección y progreso se disuelven entre la sangre de las víctimas del crimen y la desprotección de las mujeres vulneradas por la ley.
La respuesta a esta crisis no se encuentra en la demagogia ni en la manipulación de ideologías, sino en un enfoque humano y centrado en la protección de la vida en todas sus formas.
Se requiere una política de seguridad que realmente enfrente al crimen organizado, que desarticule sus redes y devuelva la paz a las comunidades. Y se necesita, además, un enfoque legislativo que respete la maternidad y brinde apoyo real a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, protegiendo sus derechos y garantizando que puedan llevar a cabo su gestación sin temor a ser violentadas o desamparadas.
La realidad de Baja California nos recuerda que, en medio de la tormenta de violencia, la verdadera batalla se libra en el terreno de la dignidad humana. Es ahí donde el Estado debe recuperar su sentido más profundo de servicio, dejando de lado las agendas impuestas y centrándose en el bienestar de su gente. Solo así se podrá construir un futuro donde la vida, desde su concepción hasta su desarrollo pleno, sea realmente respetada y protegida por todos.
Los ciudadanos ya se encuentran amenazados antes de nacer.
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