Carmen Castro Herrera
Responsable del trabajo popular en Ensenada
En Ensenada existen más de 35 mil casas en situación de abandono, así lo declaró Francisco Sánchez Corona, delegado en el municipio del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda en el estado (INDIVI), quien se basó en el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Moreno Mena doctor en ciencias sociales por El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y miembro del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Autónoma de Baja California, señaló que entre las causas principales del abandono de las casas destaca el alto precio que tienen las viviendas entregadas en créditos hipotecarios a 20 y hasta 30 años, tiempo en que se incrementan los intereses y las familias terminan pagando tres o cinco veces más del costo inicial.
En un mundo polarizado, donde el desempleo y los bajos salarios están a la orden del día, es casi imposible que una familia promedio, con tres hijos, pueda adquirir una vivienda que el gobierno cataloga como de interés social, pues a pesar de ser “de interés social” los costos de éstas son altísimos, así lo demuestran las más de 35 mil casas abandonadas sólo en el municipio de Ensenada, a las que se pudieran sumar las cifras de Mexicali o Tijuana; éstos datos demuestran de forma palpable que no existe todavía en nuestro país un programa para una casa-habitación de carácter social, que responda a las necesidades del pueblo trabajador y que puedan cubrir bajo las condiciones en las que se encuentra; estamos pues frente a una contradicción social que sólo en un país con un gobierno neoliberal puede tener, existen miles de casas abandonadas y que por el tiempo y falta de cuidado se han venido deteriorando y muchas de ellas convirtiendo en picaderos (centros de reunión de ladrones) y del otro lado miles de familias que buscan un espacio para vivir, ya sea rentando u ocupando de forma temerosa uno de estos espacios a los que llegan por mera necesidad.
A la necesidad de tener un espacio digno y habitable, se viene también sobre los que no tiene más que su fuerza trabajo, las nulas políticas que las instituciones de gobierno como CONAVI, INFONAVIT, SEDATU e INDIVI han puesto en marcha en materia de vivienda, contrario a eso a los que han ocupado una casa abandonada se les toma como bandidos y son aventados nuevamente a la calle como mendigos por parte de los policías municipales quienes por órdenes por ejemplo de Recicladora de Viviendas AC, compran a la autoridad y mandan a sacar a las indefensas familias, así ocurre en los fraccionamientos Lomas de la Presa, Encinos y Villas del Prado, entre otros.
Ante esta grave situación, el Movimiento Antorchista en Ensenada, preocupado por encontrar una solución a este problema, ha emprendido la lucha para que se regularicen las casas que actualmente se encuentran en posesión cientos de familias. La institución presidida por Francisco Sánchez Corona, recibió en días pasados a la comisión de Antorcha que en una sola voz exigieron la intervención para resolver el asunto de los compañeros, sin embargo, se llegó al acuerdo de una revisión exhaustiva para dar claridad legal y jurídica a los ocupantes de dichos inmuebles.
Hasta el momento y ante un desarrollo poblacional que se ve de manera desbordante cada vez más, las autoridades no se han planteado con seriedad programas para generar vivienda para el pueblo pobre de México, mucho menos asegurar que exista, como lo marca la Constitución, un espacio digno para que pueda vivir nuestra familia, esto por ejemplo, a pesar del reporte emitido por SEDATU y CONAVI, en el año 2017 la inversión de crédito individual totalizó 347 mil millones de pesos, sin embargo los ensenadenses han visto como los beneficiarios han sido las compañías inmobiliarias, a quienes se les han dado todas las facilidades para poder comprar en remate las casas abandonadas, sin darles la oportunidad a los ocupantes de buscar opciones con las cuales se puedan regularizar a través de algún programa de rescate de viviendas desocupadas, en las cuales tienen además de las facultades, la obligación de promover las instancias municipales, estatales y federales, no se está respetando el derecho a la vivienda digna que marca nuestra Constitución, por tanto sostenemos que la única salida que tienen las familias sin una vivienda digna es organizarse y luchar por defender este legítimo derecho.
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